Con el acto de cierre realizado el 30 de julio en la provincia de Dajabón concluyó el proyecto “Gobernanza local por el derecho a una vida libre de violencia a través de la articulación interinstitucional y la acción comunitaria”, una iniciativa desarrollada durante dos años en las provincias de Dajabón, Monte Cristi y Santiago Rodríguez, orientada a fortalecer la gobernanza local y las capacidades institucionales y comunitarias para prevenir y responder frente a la violencia basada en género.
El proyecto fue implementado por el consorcio integrado por Proyecto Reformismo 21 (antes Humanismo y Democracia), Mujeres en Desarrollo Dominicana, Inc. (MUDE) y el Movimiento Sociocultural para los Trabajadores Humanitarios y Ambientales (MOSCTHA), en alianza con la Federación Dominicana de Municipios (FEDOMU), con el financiamiento de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID).
La iniciativa promovió la articulación entre instituciones públicas, gobiernos locales, organizaciones de la sociedad civil y comunidades, fortaleciendo mecanismos de coordinación para avanzar hacia respuestas más integrales y con enfoque de derechos para mujeres, adolescentes y niñas.
Como parte del cierre del proyecto se desarrolló el Seminario Regional “Gobernanza Democrática, Derechos Humanos e Igualdad de Género en el Territorio”, espacio en el que representantes de instituciones públicas, gobiernos locales, organizaciones sociales y actores comunitarios compartieron aprendizajes, resultados y desafíos para consolidar una gestión pública más participativa, inclusiva y comprometida con la igualdad de género.
Durante el seminario, especialistas y representantes de las instituciones socias reflexionaron sobre la importancia de fortalecer el trabajo coordinado entre los distintos actores del territorio para garantizar la sostenibilidad de las acciones impulsadas y continuar promoviendo comunidades libres de violencia.
Durante el acto de cierre, la directora ejecutiva de MUDE, Rosa Rita Álvarez, destacó que uno de los principales logros del proyecto fue fortalecer la articulación interinstitucional e intersectorial entre las entidades responsables de garantizar los derechos de las mujeres.
“Conseguimos una gran articulación interinstitucional e intersectorial que contribuyó a fortalecer capacidades, responsabilidades y recursos; a mejorar el relacionamiento entre las diferentes instituciones garantes de derechos y las redes locales. Promovimos soluciones más integrales y coordinadas y fortalecimos la gobernanza local dando respuestas más eficientes a los servicios relacionados a la violencia de género”, expresó.
También resaltó que durante los dos años de implementación participaron activamente el Ministerio de la Mujer, a través de sus oficinas municipales y provinciales; el Ministerio de Salud Pública, con representación de sus diferentes niveles de atención; el Ministerio de Educación; el Ministerio Público; los gobiernos locales y las organizaciones de la sociedad civil, quienes asumieron un compromiso colectivo para fortalecer las respuestas en el territorio.
Como parte de este proceso, funcionarias, funcionarios y personal técnico de las instituciones participantes participaron en acciones de sensibilización, capacitación y acompañamiento técnico orientadas a fortalecer sus capacidades y contribuir a una atención más coordinada y con enfoque de derechos.
Representantes del Ministerio de Salud Pública de las tres provincias fortalecieron sus conocimientos en perspectiva de género, violencia basada en género y en las normas y protocolos nacionales, además de participar en una asistencia técnica para revisar el Plan Estratégico Nacional por una Vida Libre de Violencia y ajustar sus orientaciones a los contextos locales.
Asimismo, fueron distribuidas las normas del Ministerio de Salud Pública en materia de violencia basada en género, como parte de los esfuerzos para armonizar los servicios de atención.
Por otro lado, personal del Ministerio Público participó en procesos formativos sobre género, violencia basada en género y masculinidades, con especial atención a la prevención de prácticas que puedan generar revictimización en las personas que buscan apoyo.
Uno de los principales legados del proyecto fue la activación de 9 redes de gestoras y gestores comunitarios para la prevención de la violencia basada en género, una en cada municipio de intervención. Estas redes comunitarias fortalecieron la capacidad del territorio para identificar señales de alerta, reconocer situaciones de riesgo, orientar a las personas afectadas y facilitar el acceso a mecanismos de protección y servicios de atención.
El proyecto también impulsó procesos orientados a transformar las condiciones sociales y culturales que permiten la reproducción de la violencia basada en género.
En este marco, más de 1,923 mujeres y niñas fortalecieron sus capacidades en gestión de emociones, autocuidado e identificación de señales de alerta; más de 855 hombres participaron en procesos formativos sobre género, violencia basada en género y masculinidades; y más de 1,250 estudiantes de secundaria y más de 260 docentes participaron en espacios de reflexión sobre relaciones saludables, igualdad, prevención de la violencia e identificación temprana de conductas de violencia y discriminación.
Al concluir la iniciativa, Rosa Rita Álvarez destacó que el principal resultado del proyecto trasciende las actividades desarrolladas y se refleja en las capacidades instaladas, las alianzas construidas y la articulación alcanzada entre las instituciones y comunidades.
“El verdadero impacto está en las capacidades que quedan instaladas, en las alianzas y la articulación alcanzadas entre las instituciones, en mantener activas las redes comunitarias, en la creación de un modelo de buenas prácticas y en asegurar que la prevención de la violencia basada en género continúe siendo una prioridad en las agendas locales de Monte Cristi, Dajabón y Santiago Rodríguez.”
MUDE agradeció el compromiso de la AECID, del consorcio ejecutor, de las instituciones públicas, gobiernos locales, organizaciones sociales, redes comunitarias y todas las personas que hicieron posible este proceso colectivo.
El proyecto concluye, pero deja capacidades fortalecidas, instituciones más articuladas y comunidades más preparadas para continuar trabajando por una vida libre de violencia para mujeres, adolescentes y niñas.
